Asociación Mundial de Juristas pide extinguir acción penal contra Jean Alain
El Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Mundial de Juristas ha solicitado formalmente al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que declare la extinción de la acción penal contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez. La entidad internacional argumenta que el proceso ha excedido el límite legal de cuatro años establecido por la normativa procesal dominicana. Según el informe presentado en calidad de amicus curiae, el Estado dominicano ha incurrido en dilaciones que contravienen los derechos humanos y las garantías de un plazo razonable. La organización sostiene que el exfuncionario ha permanecido bajo distintas medidas de coerción durante un periodo que ya alcanza los seis años de proceso judicial.
Argumentos sobre el plazo procesal
El documento, firmado por el presidente de la institución Juan Carlos Gutiérrez, señala que no existen registros de tácticas dilatorias por parte de la defensa que justifiquen la extensión del tiempo transcurrido. La Asociación Mundial de Juristas insiste en que el órgano jurisdiccional tiene la obligación ineludible de finalizar el caso ante la falta de celeridad estatal. Por su parte, la Secretaría del tribunal informó que, hasta la tarde del martes, no habían recibido formalmente la sugerencia, aunque el tema fue mencionado por la defensa durante la audiencia del lunes. Previamente, Gutiérrez ya había denunciado ante la ONU una supuesta desproporcionalidad en las medidas de privación de libertad aplicadas al exprocurador.
Postura del Ministerio Público
Ante estos planteamientos, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Mirna Ortiz, reafirmó la posición del Ministerio Público sobre la naturaleza de los tiempos judiciales. Ortiz enfatizó que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional dominicano determina que el plazo para la extinción de la acción penal no debe entenderse como un cálculo matemático rígido. La representante del órgano acusador argumentó que se debe evaluar la magnitud y la complejidad inherente al expediente de corrupción administrativa. Bajo esta premisa, el Ministerio Público mantiene su confianza en que el tribunal rechazará la solicitud de extinción presentada por la defensa y los juristas internacionales.
Fuente: Actualidad
