Conape tenía a 15 empleados públicos en programa Familias de Cariño
El programa Familias de Cariño, destinado a brindar atención a adultos mayores en situación de vulnerabilidad, mantuvo durante 2024 entre sus beneficiarios a por lo menos 15 servidores públicos que recibían salarios de otras instituciones estatales de hasta 200,000 pesos mensuales.
La irregularidad fue identificada en una auditoría de la Contraloría General de la República al Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), correspondiente al período comprendido entre septiembre de 2020 y diciembre de 2024. El informe establece que 12 de los servidores públicos figuraban como cuidadores de adultos mayores, mientras que los otros tres estaban registrados como envejecientes beneficiarios del programa.
Los 12 cuidadores que figuraban en la nómina del programa Familias de Cariño también eran empleados de otras instituciones públicas, donde devengaban salarios de entre 30,000 y 155,000 pesos mensuales, según los hallazgos de la Contraloría.
Los salarios que devengaban en otras entidades públicas sumaban 784,550.32 pesos al mes. La Contraloría también identificó a tres personas registradas como envejecientes que figuraban en nóminas de otras instituciones del Estado, con remuneraciones que, según los datos revisados, alcanzaban hasta 200,000 pesos mensuales.
El informe advierte que esta situación representa riesgos de inclusión de personas que no cumplen los requisitos del programa, duplicidad de beneficios y aumento del gasto público. Debilidades en el programa Familias de CariñoLa auditoría examinó los informes de gestión y las solicitudes de pago correspondientes a 2024, año en el que el programa registró desembolsos por 54,395,000 pesos.
De ese monto, los auditores seleccionaron una muestra de 16,545,000 pesos, correspondiente a enero, junio y diciembre, para verificar los procedimientos de selección de beneficiarios y la documentación que sustentaba los pagos.
También identificaron la ausencia de informes médicos elaborados por las unidades médicas de la institución y de contratos suscritos entre el Conape, los adultos mayores beneficiarios y sus cuidadores. Otras deficiencias fueron la falta de comunicaciones dirigidas a la dirección ejecutiva para solicitar la inclusión de los adultos mayores y recomendar a las personas responsables de su cuidado.
Asimismo, se encontraron expedientes sin copias de cédulas, datos personales y otras documentaciones esenciales de los cuidadores, además de archivos incompletos y desactualizados. La Contraloría señaló posibles incumplimientos de la Constitución, la Ley 41-08 de Función Pública y la Ley 10-07 sobre el Sistema Nacional de Control Interno.
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