Contraloría General retiene informes de auditorías realizadas entre 2023 y 2025
La Contraloría General de la República ha optado por mantener bajo reserva la mayoría de las auditorías ejecutadas en los últimos años, contraviniendo las expectativas iniciales de transparencia gubernamental. A pesar de que entre 2023 y 2025 se realizaron 390 auditorías, apenas 38 han sido publicadas en el portal institucional, lo que representa menos del 10% del total. La entidad ha rechazado múltiples solicitudes de acceso a la información, argumentando que no existe una obligación legal de difundir estos documentos y que se debe esperar a que el Poder Ejecutivo oficialice los informes finales.
Argumentos legales y cambio de política
El actual contralor, Geraldo Espinosa Pérez, sostiene que la Ley 10-07 no exige la publicación de los hallazgos como parte del proceso de auditoría. Según su postura, la finalidad de estos trabajos es corregir deficiencias internas en las entidades auditadas, dejando la decisión de divulgación en manos del Poder Ejecutivo. Esta visión marca un giro respecto a la gestión anterior, cuando se prometió informar a la población sobre el uso de los recursos estatales, bajo el principio de que los funcionarios administran bienes públicos y no privados.
La negativa de la institución persiste incluso ante solicitudes específicas sobre documentos ya elaborados, como ocurrió con auditorías del Ministerio de Agricultura que fueron calificadas como preliminares por la entidad. Mientras tanto, expertos señalan que la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública obliga a las instituciones a proveer documentos bajo su control, especialmente aquellos relacionados con el presupuesto nacional. La falta de transparencia en estos informes genera cuestionamientos sobre el uso de los recursos públicos invertidos en la contratación de firmas privadas para realizar dichas evaluaciones.
Fuente: Portada