Ejecutivo declara prioridad el combate contra el terrorismo medioambiental
El presidente Luis Abinader emitió un decreto que eleva a prioridad estratégica la lucha contra las agresiones ecológicas en el territorio nacional. La disposición busca fortalecer la respuesta estatal ante los daños a los recursos naturales, utilizando las sanciones contempladas en el nuevo Código Penal vigente desde agosto. Esta medida permite aplicar penas de hasta 30 años de prisión a quienes atenten contra las áreas protegidas, además de ordenar operativos conjuntos entre las Fuerzas Armadas, la Dirección General de Migración y organismos de inteligencia.
Estancamiento legislativo en el Congreso
A pesar de la acción presidencial, un paquete de cuatro proyectos de ley impulsados por la diputada Llaniris Espinal permanece sin aprobación en la Cámara de Diputados desde 2025. Estas propuestas incluyen la tipificación del ecocidio, con penas de hasta 20 años de cárcel y la posibilidad de disolución comercial para empresas infractoras. Asimismo, se encuentran pendientes iniciativas que buscan declarar a las cordilleras Central y Septentrional como zonas de seguridad nacional, prohibiendo la minería metálica en dichos territorios.
Otras propuestas legislativas congeladas contemplan la creación de un fondo de restauración de ríos financiado por la Egehid y una ley de arbolado urbano que otorgaría personalidad jurídica a los árboles. Mientras el Poder Ejecutivo opta por la vía del decreto para militarizar parques nacionales y endurecer las penas de forma inmediata, el Congreso mantiene en pausa las reformas estructurales necesarias para blindar legalmente la protección ecológica y asegurar el financiamiento de la conservación a largo plazo.
Fuente: Política
