Finjus advierte que incumplir sentencias del Tribunal Constitucional erosiona el Estado
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) ha señalado que la falta de ejecución o el retraso en el cumplimiento de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional (TC) comprometen seriamente la eficacia de la protección judicial en el país. Según la entidad, cuando un fallo que reconoce derechos fundamentales no se materializa, la tutela judicial pierde su propósito práctico y debilita los cimientos del Estado de derecho. La organización recordó que la Constitución dominicana, en su artículo 184, establece que estas decisiones son definitivas, irrevocables y de carácter obligatorio para todos los órganos del Estado.
Criterios para determinar responsabilidades
La postura de Finjus introduce un matiz necesario al debate sobre las sanciones a funcionarios que ignoran las decisiones del máximo intérprete constitucional. La entidad sostiene que, antes de aplicar cualquier medida disciplinaria, es imperativo realizar un análisis técnico para distinguir entre una imposibilidad material, un retraso justificado o una resistencia deliberada por parte de la autoridad. Cualquier sanción, advierten, debe estar estrictamente fundamentada en las competencias legales vigentes, evitando actuar al margen de lo establecido por el ordenamiento jurídico.
Desafíos en la ejecución de fallos
El Tribunal Constitucional ha reconocido previamente las dificultades para lograr que las instituciones públicas acaten sus mandatos, llegando incluso a crear una Unidad de Seguimiento de Ejecución de Sentencias. Un ejemplo reciente involucra a la Policía Nacional, institución que fue condenada al pago de astreintes millonarios por el incumplimiento reiterado en el pago de pensiones. Actualmente, el Senado de la República evalúa un proyecto de ley orgánica que busca establecer mecanismos más robustos para garantizar que las decisiones judiciales sean respetadas por todos los estamentos del poder público.
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