Gobierno de San Luis Potosí contrata cabildero cercano a Donald Trump
La administración estatal de San Luis Potosí, liderada por Ricardo Gallardo, formalizó un acuerdo de servicios con la firma Drake Venture LLC, propiedad de Roger Stone, quien es reconocido como un estrecho colaborador y consultor del expresidente estadounidense Donald Trump. Según registros presentados ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos el pasado 20 de junio, el contrato tiene como objetivo principal la asesoría en relaciones públicas y asuntos gubernamentales, con un enfoque específico en el desarrollo económico y el comercio. Este vínculo legal fue notificado bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, normativa que exige transparencia a quienes representan intereses de entidades foráneas en territorio norteamericano.
Detalles financieros y objetivos del contrato
Documentos consultados indican que la Secretaría de Desarrollo Económico de San Luis Potosí pactó un pago de 375 mil dólares por un periodo de seis meses de servicios. Mario García, titular de dicha dependencia, confirmó la contratación y aclaró que el propósito central es atraer inversión extranjera, particularmente para el sector minero de la entidad. Adicionalmente, el gobierno estatal habría contratado a la consultora Diana London, de la firma Ford & London Global Strategies LLC, bajo condiciones económicas y temporales similares a las acordadas con la empresa de Stone.
La noticia generó reacciones inmediatas en el ámbito político, especialmente ante la trayectoria de Stone, quien ha sido vinculado anteriormente con la gestión de indultos presidenciales para figuras internacionales. El gobernador Gallardo rechazó categóricamente que estos acercamientos busquen obtener inmunidad ante posibles investigaciones, calificando las versiones periodísticas como un intento de desprestigio político de cara a los próximos procesos electorales. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum inicialmente desestimó la veracidad de los reportes, aunque la confirmación oficial por parte de las autoridades potosinas cerró la controversia sobre la existencia del contrato.
Fuente: elpais.com
