Obstáculos legales persisten en la ejecución de sentencias judiciales dominicanas
Lograr una sentencia definitiva en los tribunales dominicanos representa, en teoría, el cierre de conflictos legales que a menudo superan la década de duración. No obstante, los ciudadanos que obtienen fallos favorables enfrentan un escenario complejo al intentar hacer cumplir sus derechos mediante la fuerza pública. Este proceso de ejecución se convierte frecuentemente en una odisea burocrática que prolonga la incertidumbre para las partes involucradas.
Desafíos en la ejecución forzosa
El abogado Francisco García señala que los ganadores de litigios suelen quedar atrapados en nuevos ciclos procesales tras obtener la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Estas trabas incluyen la presentación de demandas adicionales o la necesidad de comparecer ante instancias como el Abogado del Estado en materia inmobiliaria. De igual forma, los casos laborales, penales y comerciales requieren gestiones constantes ante las fiscalías para lograr la materialización de embargos o desalojos.
La normativa actual, específicamente la Ley 396-19, otorga al Ministerio Público la facultad de regular y conceder el uso de la fuerza pública para estos fines. Sin embargo, este marco legal establece una limitación temporal clara para dicha competencia institucional. Según lo estipulado, esta facultad otorgada a la entidad persecutora tiene una fecha de caducidad programada para el año 2027.
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