Régimen nicaragüense comercializa propiedades confiscadas a opositores y críticos
El gobierno de Daniel Ortega ha iniciado un proceso de comercialización y transformación de bienes inmuebles que fueron arrebatados a ciudadanos críticos, periodistas y académicos desterrados. Estas propiedades, que anteriormente funcionaban como residencias privadas o centros de trabajo, ahora están siendo convertidas en negocios gestionados por personas cercanas al círculo de poder orteguista. La medida ha generado preocupación por la reactivación de prácticas de expropiación masiva similares a las ejecutadas durante la década de los ochenta en el país.
Impacto en el patrimonio de los desterrados
Los inmuebles afectados pertenecían a figuras que han sido expulsadas del territorio nicaragüense por su postura opositora al Ejecutivo actual. Al quedar desocupadas tras las confiscaciones, las estructuras pasaron a ser administradas por el Estado, que ahora busca obtener beneficios económicos mediante su venta o explotación comercial. Esta dinámica permite que allegados al régimen tomen control de activos que originalmente pertenecían a voces disidentes del sistema político vigente.
La situación actual recuerda los mecanismos de control patrimonial implementados hace décadas, cuando el Estado asumió el dominio de numerosos bienes privados. Los afectados observan cómo sus antiguos hogares y oficinas son utilizados para fines ajenos a sus propósitos originales sin que existan procesos legales claros de compensación. Mientras tanto, el control sobre estos activos se consolida en manos de aliados estratégicos del gobierno, profundizando la brecha entre el sector oficialista y los sectores críticos que han sido desplazados.
Fuente: elpais.com
