Tres juezas de Santo Domingo rechazan traslados impuestos por el Poder Judicial
Tres magistradas de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo han denunciado formalmente la ilegalidad de sus recientes traslados, los cuales fueron ejecutados sin previo aviso ni consentimiento. Natividad Ramona Santos, Wendy Altagracia Valdez y Pilar Antonia Rufino Díaz expresaron su sorpresa ante la medida dispuesta por el Consejo del Poder Judicial el pasado 19 de agosto. Las juezas sostienen que la decisión carece de sustento legal y la califican como un acto de arbitrariedad y retaliación contra su ejercicio profesional.
Argumentos legales y violaciones constitucionales
Las magistradas presentaron una instancia ante Luis Henry Molina Peña, presidente de la Suprema Corte de Justicia, argumentando que el procedimiento vulnera la garantía de inamovilidad judicial y los principios de independencia del Poder Judicial. Según lo expuesto, el artículo 18 de la Ley 327-98 sobre Carrera Judicial exige explícitamente la anuencia previa del juez para cualquier traslado o ascenso. Las afectadas señalan que el Consejo del Poder Judicial utilizó una justificación vaga basada en la reconformación de salas, ignorando los requisitos legales establecidos para este tipo de movimientos administrativos.
En su comunicación, las juezas recordaron que su permanencia en las salas anteriores se extendió por cerca de nueve años, desestimando los argumentos de necesidad del servicio presentados por las autoridades. Asimismo, citaron la sentencia TC/0364/21 del Tribunal Constitucional, la cual protege la inamovilidad judicial frente a decisiones unilaterales que comprometan la independencia de los magistrados. Las juezas Santos, Valdez y Rufino Díaz fueron reasignadas entre la Primera, Segunda y Tercera Sala de la misma jurisdicción, cambios que insisten en rechazar por no haber sido consultados ni solicitados por ellas.
Fuente: Actualidad
