Tribunal Constitucional ordena a Fiscalía pagar RD$630,000 por bienes retenidos
El Tribunal Constitucional condenó a la Fiscalía del Distrito Nacional al pago de 630,000 pesos debido al incumplimiento en la devolución de bienes incautados. Esta cifra surge tras acumularse 126 días de retraso, calculados a razón de 5,000 pesos diarios, contados desde la orden emitida en noviembre de 2025. La sanción económica continuará incrementándose hasta que las autoridades entreguen los objetos retenidos a su propietario, Omar Domingo Montilla Silverio. El afectado, quien no figuraba como parte del proceso judicial original, sufrió la incautación de relojes, prendas, documentos, calzados y dinero en efectivo durante un allanamiento realizado en 2019.
Incumplimiento y falta de respuesta oficial
La alta corte determinó que la Fiscalía mantuvo una conducta reticente, ya que no presentó pruebas que demostraran el cumplimiento de la orden ni ofreció defensa durante el proceso de liquidación de la astreinte. En un fallo paralelo, el tribunal también ordenó a la Procuraduría General y a la Fiscalía devolver una pistola retenida desde 2017 tras una denuncia de violencia intrafamiliar. Los jueces concluyeron que no existe actualmente un proceso penal abierto ni una medida de coerción que justifique la retención del arma. Ante el silencio de la Procuraduría frente a las solicitudes de información, se estableció un plazo de un mes para la entrega, bajo pena de multas diarias adicionales.
Verificación y procesos pendientes
La devolución del arma de fuego deberá ser gestionada a través del Ministerio de Interior y Policía, entidad encargada de verificar si el ciudadano cumple con los requisitos legales para portar licencia. Este organismo contará con un periodo de tres meses para completar el proceso de validación una vez reciba el objeto. Dos juezas del tribunal emitieron votos disidentes, argumentando que debió confirmarse el estado del caso de violencia intrafamiliar antes de ordenar la restitución. Este episodio se suma a otros fallos recientes donde el Estado ha sido sancionado por demoras similares en la entrega de pertenencias a ciudadanos, incluyendo casos de alto perfil vinculados a investigaciones judiciales.
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