Tribunal Constitucional ordena a la PGR emitir certificaciones de antecedentes penales
El Tribunal Constitucional ha dictaminado que la Procuraduría General de la República no tiene facultad para negar la emisión de certificaciones sobre antecedentes penales a los ciudadanos. La alta corte estableció que, incluso cuando una persona posea registros judiciales, la institución está obligada a expedir un documento que refleje su situación jurídica real en lugar de rechazar la solicitud. Esta medida busca garantizar que los ciudadanos no queden sin respuesta ante la administración pública al realizar trámites esenciales como la búsqueda de empleo o solicitudes de visado.
Protección de la presunción de inocencia
La decisión surge tras el caso de un ciudadano en El Seibo a quien se le negó el documento por estar vinculado a un proceso penal sin sentencia condenatoria firme. El tribunal recordó que solo las condenas con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada constituyen antecedentes penales válidos. Negar la certificación bajo otros supuestos equivale a imponer una condena anticipada, vulnerando el derecho fundamental a la presunción de inocencia de los solicitantes.
Procedimiento para ciudadanos con registros
La sentencia aclara que la Procuraduría debe distinguir entre el certificado de no antecedentes y una certificación que detalle la situación jurídica de quienes sí poseen condenas. Anteriormente, los ciudadanos que no obtenían el documento tras pagar la tasa de 800 pesos quedaban en un limbo administrativo. Con este precedente, la entidad deberá formalizar la entrega de información veraz sobre el estatus legal de cada solicitante, evitando la omisión de respuesta por parte del Estado.
Fuente: Actualidad
